El Poder Ejecutivo decidió definir qué organismo llevará a cabo el control de gastos de las casas de altos estudios.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
La decisión de la administración libertaria va en sintonía con el giro discursivo del presidente Javier Milei, quien viró hacia la supuesta falta de transparencia, luego del fracaso político de cuestionar la gratuidad y la utilidad de la universidad pública.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional, en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.
Quién puede auditar a las universidades
Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: «En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521».
Esta decisión anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.
En 2023, el aquel entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.
Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: «Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales».
«De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales», sintetizó a través de sus redes sociales.
