De acuerdo a la iniciativa, quienes tengan una condena con doble conforme por delitos de corrupción no podrán ser candidatos a elecciones nacionales. Hubo otros tres dictámenes.
Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista -Pro, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO- avanzaron con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de ficha limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales.
Luego que La Libertad Avanza decidiera poner en agenda un tema reclamado por sus socios del Pro, y tras semanas en las que se escucharon a especialistas en reuniones informativas, se arribó a un despacho que establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. De esta manera, en su situación actual, la expresidenta Cristina Kirchner (en quien se piensa inmediatamente al hablar de este tema) podría ser candidata. Sin embargo, se espera que próximamente la Cámara de Casación resuelva la revocación, ampliación o confirmación de su condena en la causa Vialidad. Si ocurre esto último, y el proyecto además se convierte en ley, no podría postularse, por ejemplo, en las elecciones del año que viene.
En el texto se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.
Impulsora del dictamen de mayoría, la diputada del Pro Silvia Lospennato confesó su satisfacción: “Para mí, y sé que para la mayoría de esta comisión, este es un día de enorme alegría”. Aseguró a continuación que se trata de una iniciativa por la que “miles de argentinos se vienen manifestando y pidiendo hace muchísimos años” y destacó al “movimiento de ciudadanos” que encabeza el reclamo.
También mencionó que ella en 2016 presentó la primera iniciativa y dijo que “este es un proyecto que desde el Pro sentimos como muy propio”. Al recordar que en 2019 -hacia el final del gobierno de Cambiemos- no se pudo tratar el texto en el recinto, la legisladora indicó que este dictamen “se inspira básicamente” en ese antecedente; con la diferencia de que ahora “somos más de los 129 diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción de ficha limpia”, expresó y generó aplausos.
La vicepresidenta tercera de la Cámara baja enumeró que la ficha limpia ya existe hoy en las provincias de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, y “en más de 40 municipios”.
“Esto es concretar un sueño de los constituyentes de 1994”, consideró Lospennato, y explicó que se contemplará la prohibición para quienes posean una condena con doble conforme ya que “en instancia de imputación o procesamiento, claramente este proyecto sería inconstitucional, porque estaría en contra de tratados (internacionales) incorporados a nuestra Constitución”.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto opinó que el tema de ficha limpia “también nos interpela a este Congreso sobre qué pasa con los jueces” porque “hay jueces que especulan políticamente y deciden que una persona pueda estar años con un proceso sin tener una resolución”. “Quienes en serio hemos denunciado la corrupción en Argentina hemos tenido que ver cómo se aceleraban algunos procesos y se dormían otros”, manifestó y llamó a “no seguir designando jueces que son parte del problema”.
Al plantear el dictamen de Unión por la Patria, la diputada Mónica Litza arrancó: “No sé en qué país vive la diputada Lospennato, porque nosotros no vemos gente manifestándose a lo largo y ancho de toda la Argentina pidiendo por la ficha limpia; a lo sumo vemos jubilados, estudiantes, rectores, trabajadores, realmente esas son las preocupaciones de la Argentina”. “¿Es una prioridad de la ciudadanía? ¿O es parte de esta pos verdad donde no son importantes los hechos, sino las percepciones y los relatos?”, se preguntó.
“Nosotros nos vamos a oponer, como seguramente algunos de ustedes hubieran esperado”, aclaró la massista y añadió que “es una verdad de perogrullo el tema de la ficha limpia, porque nuestro sistema penal y jurídico lo prevé”. Pero, luego, mandó al oficialismo y aliados a que “vayan a estudiar qué significa condena”. “Nosotros como legisladores no podemos dar el status de cosa juzgada cuando la ley no lo da. Cuando hablamos de condena y sentencia firme decimos que deben estar agotadas todas las instancias recursivas que prevé nuestra legislación”, apuntó.
Respecto de lo dicho sobre los años que tardan en resolverse las causas de corrupción, la legisladora opositora observó que tal vez haya que “poner la mirada en el Poder Judicial” y avanzar con “una reforma judicial” donde “se pongan plazos perentorios para generar certezas”.
Finalmente, Litza resumió que el dictamen de UP propone la inhabilitación con condena firme de la Corte; la incorporación de los delitos económicos; que el tiempo de inhabilitación dure por el tiempo de la condena, “para que no quede abierto en forma discrecional a la voluntad de los magistrados”; y que hasta antes del llamado al proceso electoral se puedan oponer las inhabilitaciones.
Por su parte, el diputado radical Fernando Carbajal anunció un dictamen propio, diferenciándose así de sus pares de la UCR, quienes avalaron el dictamen propuesto por el Pro y LLA. Para el formoseño, ese despacho “es total y absolutamente insuficiente y ni siquiera responde al concepto de ficha limpia que pretende sostener”. “Se ha limitado el universo de delitos”, cuestionó y advirtió que “según lo que estamos diciendo en esta ley ser un narcotráfico, un pedófilo o un asesino es menos grave, porque todos esos delitos quedan excluidos”. Y señaló que su dictamen incluye la prohibición para todos los que estén acusados por “todos los delitos que tengan una pena superior a tres años”.
“La decisión de exigir el doble conforme es una decisión política y cuidado con esta decisión. Analicemos la realidad y veamos quiénes son los que están condenados con sentencia pero no tienen doble conforme. A esas personas de las que muchos se llenan la boca hablando les estamos dando una habilitación expresa para que sean candidatos”, lanzó.
Para el exjuez, “la sentencia de condena de los tribunales de instancia única es absolutamente suficiente como requisito para establecer una razonable limitación al derecho a ser elegido”, limitación que debe ser de “carácter temporal”. “Si transcurridos dos años esa sentencia no es confirmada por Casación, el ciudadano recupera el derecho a ser elegido”, aclaró.
Por último, el radical dijo que “la decisión de esperar al doble conforme es absurdo” y criticó el dictamen de la mayoría al calificarlo como “una norma puramente simbólica” y que “es un gran engaño”.
Durante el debate, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria sostuvo que “mientras la Argentina va cuesta abajo, vuelven a poner este proyecto como una cortina de humo para Tik Tok y redes sociales, porque la verdad que no va a solucionar absolutamente nada y lo saben. Además de que es inconstitucional y así va a ser declarado”. Sobre esto, agregó que la propuesta “vulnera garantías y derechos constitucionales”.
“El principio de inocencia sólo puede desvirtuarse ante una sentencia condenatoria firme en la última instancia”, subrayó el exministro de Justicia y alertó que, de aprobarse esta ley, “van a hacer política los que sean amigos o amigas de los Bonadio”, en alusión al fallecido juez.
Defendió luego el “dictamen en serio” de su bloque, que “se hace eco de los fallos y la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; además “agrega muchos delitos de corrupción privada”. “Si quieren que realmente un corrupto no llegue a la función pública, como bien decía Paula (Oliveto), encarguémonos que no haya jueces corruptos entrando a escondidas a la Casa Rosada, a Olivos o a Los Abrojos”, completó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi opinó que “no va a ser con este proyecto que van a permitir que la política no esté íntimamente relacionada con la corrupción”. Y consideró que este proyecto está dentro de un paquete de leyes que “son anticonstitucionales, que buscan vulnerar las voluntades individuales de nuestra población”, como el de reiterancia.
En tanto, la diputada radical Roxana Reyes expresó: “Tenemos que pensar a quiénes estamos protegiendo hoy. Estamos protegiendo a los más desprotegidos. La corrupción en la política y los cargos públicos es lo que ha generado hambre”. Al cuestionar a los “jueces que permiten que esto suceda porque nunca avanzan estas causas”, la santacruceña remarcó que viene de “una provincia que siendo la cuna de la corrupción kirchnerista no tiene un funcionario condenado o procesado”. Y pidió realizar “una reflexión” sobre el proceso de selección de los jueces, su designación y qué tiempos se toman para juzgar casos de corrupción.
Para la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer, “los partidos políticos son el ámbito donde preventivamente se debe detectar y evitar que cualquier delincuente termine yendo a parar a alguna de las listas”, y mencionó el caso de Germán Kiczka, “el diputado -ya destituido- pedófilo y acusado de delitos aberrantes y gravísimos en Misiones”. “Yo preguntaría cómo hizo ese señor para llegar a ser diputado del oficialismo, cosa que no dicen. Si este señor perteneciera a cualquier partido político tradicional, de los que el presidente llama casta, le pondrían su afiliación política al lado; y como pertenece al partido del Gobierno nacional nunca dicen que de eso se trata”, se quejó.
En el cierre de un largo debate, la oficialista Nadia Márquez felicitó a los bloques que pujan por el tema hace tiempo y destacó “el compromiso del presidente Javier Milei con ficha limpia”, quien lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo. “Ficha limpia busca transparencia, responsabilidad política e integridad en los funcionarios públicos”, dijo la neuquina y resaltó que “las restricciones al sufragio activo y pasivo deben ser las justas y las necesarias para que no estemos, de cierta manera, vulnerando este derecho que es tan importante. Por eso hemos pensado en un doble conforme”. También argumentó que el dictamen va “en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica”, que establece la condena penal, y “no vulnera el principio de inocencia”.
Buenos Aires BA / Parlamentario
