El Gobierno justifica el aumento de los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, mientras recorta derechos sociales: una estrategia explosiva.
En un acto celebrado en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, Javier Milei reafirmó su “compromiso” con un modelo de seguridad punitivista y represiva, en el que «el orden público es sagrado» y la manifestación o la protesta son delitos, algo que, según la justificación del jefe de Estado, es “indispensable para el crecimiento económico”.
Durante el evento, compartió escenario con la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros funcionarios de su gabinete, en lo que significó su primera aparición pública conjunta en más de un mes, después de que Milei calificara de “error” un homenaje realizado por Villarruel a María Estela Martínez de Perón. La presencia de ambos en un acto policial subrayó la prioridad que el gobierno ha dado a las fuerzas de seguridad, en contraste con la reducción de recursos destinados a sectores sociales y de derechos humanos.
Milei se disculpó ante los efectivos policiales por «los años de escarnio» que, según él, sufrieron bajo gobiernos anteriores que, en sus palabras, desarrollaron «doctrinas para defender criminales», en referencia a los sectores vulnerables. Su postura enfatiza un enfoque de mano dura maniquea, en el que «los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen», lo cual se alinea con la doctrina libertaria de seguridad que defiende.
La doctrina de seguridad: un cambio de rumbo
Milei detalló tres principios clave de su estrategia de seguridad:
1. “El que las hace, las paga”, frase utilizada habitualmente, casi a diario, por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
2. “El orden público es sagrado”, en defensa del protocolo represivo / antipiquetes, también impulsado por Bullrich.
3. “Los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen”, posicionando al Estado como protector de la “gente de bien” frente a quienes alteran el orden público.
Milei argumentó que estos principios ya han producido “resultados sorprendentes”, aludiendo al “fin de los piquetes” y al avance en Rosario. Sin embargo, mientras el gasto en seguridad crece de manera significativa, las partidas para sectores vulnerables y programas sociales experimentan recortes, lo que ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno y las consecuencias de su enfoque represivo y punitivista.
Un modelo explosivo
El mandatario sostuvo que la inseguridad desincentiva tanto la inversión como la actividad laboral, argumentando que “la seguridad pública es indispensable para la recuperación del país”. No obstante, su política de seguridad ha desatado fuertes críticas por implicar un desvío de recursos hacia las fuerzas de seguridad, en detrimento de las políticas sociales. Este enfoque se ha convertido en el eje de una estrategia que pone al Estado en una posición de fuerza, desoyendo las necesidades de los sectores más vulnerables y obviando políticas de contención social.
Al concluir el acto, Milei condecoró al subcomisario Guillermo Armentano, quien protegió al presidente durante el ataque que sufrió en su asunción en 2023. Otros efectivos también fueron reconocidos. Luego, el jefe de Estado y Villarruel permanecieron solemnemente en sus lugares mientras se realizaba el desfile de los uniformados, un símbolo claro de un gobierno que ha elegido priorizar el gasto en fuerzas de seguridad como pilar de su gestión.
Se recortan los derechos y se aumenta la seguridad
Este modelo de seguridad podría terminar siendo explosivo en un contexto de desigualdad creciente y reducción del gasto social, algo que inmediatamente contrasta con la perspectiva de organismos internacionales de derechos humanos y podría profundizar sin más las tensiones sociales en el país.
Finalmente, vale reflexionar que justificar el aumento del gasto en materia de seguridad punitivista, en detrimento de políticas para los sectores vulnerables, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia en el mediano plazo.
Buenos Aires BA / Agentino
