El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró además que 14 organizaciones sociales serán intimadas a pagar los 60 millones de pesos que costó el operativo de seguridad del miércoles 20 de diciembre.
Según precisó el portavoz, las denuncias realizadas en los tribunales federales por el “delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales” recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en la fiscalía federal 11 a cargo de Gerardo Pollicita.
En el informe publicado por la cartera de Seguridad se detalla que, en las denuncias, los ciudadanos explican “los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan” o “multas que llegan a los 8 mil pesos a quienes no concurren a los cortes de ruta convocados” y también “amenazas de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a esos eventos”.
“Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social” para informar a la cartera de Capital Humano, indica el informe publicado en las redes sociales de la cartera de Seguridad.
En tanto, Adorni explicó que “se dictó una resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo” y dijo que se “va a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto, que no le corresponde a la ciudadanía”.
Para calcular el monto, Bullrich solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles.
Por medio de la resolución 949/2023, publicada este eviernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a “determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales” llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez el miércoles durante la marcha de la Unidad Piquetera.
El protocolo antipiquetes se aplicó por primera vez el miércoles ante la marcha convocada por Unidad Piquetera a Plaza de Mayo y implementación fue calificada como un “éxito” por el gobierno.
Simultáneamente, se abrió un canal de denuncias por posibles extorsiones en torno a los planes sociales del Ministerio de Capital Humano que se puede hacer en forma anónima a través de la línea telefónica 134.
Precisamente, un chequeo y seguimiento de esos llamados derivó en la denuncia penal que formuló el Gobierno en los tribunales federales.
Los aumentos de las prepagas: “Un acercamiento a un sinceramiento de valores”
Adorni, sostuvo que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que anunciaron empresas del sector representan “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el Gobierno anterior”.
